
Durante muchos años, el PVPC fue la tarifa más barata del mercado, ya que garantizaba la energía casi a precio de coste, sin comisiones ni intermediarios. La escalada de los precios de la electricidad que se ha venido observando desde el segundo semestre del año 2021 ha puesto en entredicho algunos de los pilares regulatorios sobre los que actualmente se asienta la normativa del sector eléctrico, tanto en el ámbito mayorista como del minorista, abriendo el debate acerca de la mejor forma de adecuar los ambiciosos objetivos de integración de renovables a las realidades de los mercados energéticos nacionales e internacionales, permitiendo a los consumidores finales capturar los beneficios que se derivan de una producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, sostenibles y asequibles.
En relación con el impacto del incremento de los precios sobre los consumidores finales, merece la pena destacar el de aquellos que cuentan con contratos de suministro indexados al mercado eléctrico mayorista. Cabe destacar el denominado precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), tarifa regulada ofrecida por las denominadas las comercializadoras de referencia que, desde su creación por medio del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, se configura como un precio dinámico que internaliza completamente la volatilidad de la señal de precio del mercado mayorista.
Desde su creación en el año 2014, este precio regulado se ha configurado como una de las ofertas de suministro de energía eléctrica más competitivas del mercado, como ponen de manifiesto los informes anuales del mercado minorista de la electricidad elaborados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Sin embargo, esta competitividad se ha logrado a costa de una elevada exposición de los agentes al mercado diario, socavando los incentivos a aprovisionarse por medio de instrumentos de cobertura a plazo, lo que se ha revelado como una debilidad en el contexto de la escalada alcista antes mencionada, provocada por el efecto contagio del gas natural sobre los precios de la electricidad.
Se pretende, por lo tanto, introducir cambios sustanciales en el cálculo de la tarifa del PVPC, al empezar a vincularla a distintos valores de referencia, en detrimento de un sistema expuesto exclusivamente al mercado diario. Según pone textualmente:
«En particular, se propone que, para la señal de precio a plazo, el reparto entre los productos anteriores se haga de tal forma que el producto mensual suponga un 10% del total, el producto trimestral se sitúe en un 36%, y el producto anual suponga un 54%.»
Esta introducción de precios a plazo, supondrán una parte del total del precio de referencia, e irán en aumento durante un periodo de transición de 2 años, hasta que al definitivamente supongan más de la mitad de los valores que compongan el precio final (55% mediante precios a plazo y el resto por el mercado diario):
«A su vez, se ha considerado oportuno establecer un marco transitorio por el cual la representatividad de la señal a plazo se incremente de manera gradual para el periodo comprendido entre los años 2023 a 2025, de tal forma que, para el primer año, el peso de la señal a plazo suponga un 25%, e incrementándose dicha representatividad un 15% hasta alcanzar un 55% en el año 2025, dejando el 45% restante para la señal diaria e intradiaria.»
Se pretende evitar la volatilidad que está sufriendo la tarifa, al vincularla cada vez más a mercados a futuro. Por la contra, desaparecerá la posibilidad de beneficiarse de posibles coyunturas favorables en determinados momentos. Por ejemplo, con exceso de producción de renovables.

Por otra parte, con la implementación de estos cambios en el PVPC se termina con la universalidad de la tarifa, que estaba disponible para todos los contratos de acceso con potencias inferiores a 10 kW. A partir de su aprobación, sólo podrán contratarla los usuarios domésticos y microempresas. El resto de clientes tendrán un periodo de transición para pasarse al mercado libre.